Aunque la gente crea que el Estado y las administraciones públicas contratan ‘a dedo’, en realidad, en nuestro país existe una ley que regula los contratos con cualquier representante público.

Ya sea el Gobierno, un ministerio, una comunidad, un ayuntamiento, una empresa pública, etc…todas se regulan mediante la Ley de Contratación del Estado. Esta ley regula la forma en que se contrata de manera que se aseguren los principios de igualdad y transparencia en los contratos.
¿Qué regula esta ley? Pues de cara a adjudicar algún tipo de proyecto que requiera el Estado (construcción de una carretera, del AVE, de un parque o de una farola…lo que sea), se deben realizar una serie de trámites como puede ser la publicación del anuncio (en un periódico, web, portal del Estado, etc), el plazo para la presentación, la unión de empresas, la información en el BOE, el proceso de adjudicación, la apertura pública de ofertas, la adjudicación definitiva…

¿Todos los contratos deben pasar por esta ley? Todos, aunque, dentro de la ley, existen cláusulas que explican la forma de, por ejemplo, no requerirse un concurso público (por ejemplo, si el presupuesto de licitación es menor de cierta cantidad), o si se permite la prórroga del actual adjudicatario del proyecto (siempre que la posible prórroga hubiera estado contemplado en el concurso original y las condiciones del mismo), etc

¿Qué pasa si alguno no cumple esta ley? Pues cualquiera puede recurrir el concurso: si por ejemplo, un Ayuntamiento adjudica ‘a dedo’ un concurso, o si alguna empresa considera que no se ha cumplido al detalle la ley de Contratación.

El 29 de diciembre del año 2.009 se publicó los nuevos límites de la ley de contratación del Estado y puedes ver el contenido completo en este enlace.