Nueva normativa sobre dación en pago ¿quién puede beneficiarse?

Dación en pago, un término mágico del que depende en muchos casos el bienestar de la familia. Parece que el Congreso se hace eco de la reivindicación, que en breve puede ser un hecho.

Desde ayer, no se habla de otra cosa en los corrillos económicos. Exactamente desde que ayer el Ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó caer en el Congreso que las familias con peor situación financiera podrá acogerse (de llevarse adelante la nueva normativa, aún en pañales) a la dación en pago. Esto es, los que demuestren que no pueden pagar, y siempre y cuando la vivienda en cuestión sea su primera residencia, podrán dar la casa y saldar así totalmente su deuda hipotecaria. Pero, ¿qué se entiende por nivel de pobreza?, ¿quién podrá beneficiarse de esta nueva normativa?

La normativa tendría dos patas: por un lado, un periodo de carencia de unos dos años en los que el propietario que no pueda pagar al banco pueda seguir ocupando la casa, mientras que los bancos podrán deducirse por estos pagos no cobrados, o lo que es lo mismo, aplazar el deshaucio; por otro lado estaría la dación en pago para las familias en las que todos sus miembros estuvieran en paro, y que en buena lógica no podrían pagar la hipoteca, no es que no quieran. Ese es por tanto el principal requisito: que todos los integrantes de la unidad familiar estén en paro. Según la última Encuesta sobre Población Activa (EPA), estaríamos hablando de alrededor de 1,5 millones de familias en todo el país. Bien es cierto que eso no quiere decir que todas esas familias tengan una casa hipotecada…

Pero además, se apunta desde el gobierno otro requisito imprescindible: tener bajos ingresos. No solo no tener una fuente de ingresos regulares que vengan del trabajo (salario), sino no tener ahorros, otras propiedades, acciones, etc. Para calcular los ingresos bajos se podría tener en cuenta el salario mínimo interprofesional (alrededor de 640 euros). Es decir, aquella persona que por ningún medio pudiera juntar ese dinero mensualmente tendría derecho al periodo de carencia y/o a la dación en pago. Otra opción sería el IPREM, un índice compuesto que se utiliza en España para otorgar becas de estudios, ayudas sociales, etc. EN 2011 este índice situó la pobreza en torno a 530 euros al mes. Seguiremos atentos a una noticia que, de confirmarse, puede cumplir una reivindicación muy antigua de los agentes sociales.