Es un tema recurrente en relaciones internacionales y también en macroeconomía. Parece una cuestión de alta política, pero puede afectar a muchos trabajadores e inversores en cada decisión.

Repsol YPF ha vuelto a poner en las portadas de los diarios de todo el mundo, por obra y gracia de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, una palabra que parecía desaparecer del léxico económico desde que Hugo Chávez está fuera de combate por su delicado estado de salud. Hoy todo el mundo vuelve a hablar de ello, pero no todo el mundo sabe exactamente de qué va el tema. Vamos por partes.

Antónimo de privatización, la estatalización o nacionalización consiste en la toma de control de una empresa privada por parte de una administración pública. La empresa puede ser nacional o extranjera asentada en el país. La administración que nacionaliza puede ser nacional o regional, siempre realizada por medio del poder ejecutivo del lugar en cuestión. Las ideologías más comunes adscritas a estas prácticas son el socialismo, que nacionaliza con el objetivo de repartir la producción de la empresa entre los nacionales de su territorio y alcanzar la socialización de los medios de producción, pauta de comportamiento casi desaparecida (incluso en Cuba o China, oficialmente regímenes comunistas, la tendencia es a la privatización, no a la nacionalización) o el nacionalismo, con el objetivo de aumentar la dotación del sector público de un país o región.

En las nacionalizaciones entran en colisión conceptos como la seguridad jurídica, un principio del Derecho Internacional Privado o la soberanía nacional, un principio del Derecho Internacional Público que rige solo sobre los recursos naturales. Es decir, las nacionalizaciones se pueden hacer conforme a derecho siempre y cuando se haga por razones de recuperación de patrimonio natural del país o región, nunca será ajustado a derecho cuando se haga sobre medios de producción o producción intermedia o terminada de una empresa privada, sea del país o multinacional. En todo caso, el derecho internacional obliga a la fijación de un justiprecio, una compensación justa por la nacionalización. Esta tasación se hará siempre por un tribunal del lugar donde se nacionaliza, pero siempre está abierta la puerta al arbitraje internacional o el recurso ante los organismos internacionales donde se halle el país cuyo gobierno nacionaliza y/o el país al que pertenece la empresa estatalizada, si ésta es de un país diferente. Es que hay países a los que es mejor no ir...