Nueva ley contra los desahucios, dación en pago y alquiler social

Los grandes partidos políticos españoles negocian a contrarreloj una nueva ley sobre desahucios que permita no dejar en la calle a los colectivos vulnerables.

Los grandes partidos políticos españoles negocian a contrarreloj una nueva ley sobre desahucios que permita no dejar en la calle a los colectivos vulnerables.

Uno de los grandes dramas que nos deja esta crisis es la gente sin casa. No porque no la tengan, sino porque los bancos se la quedan aunque los propietarios ya hayan pagado la mitad. PSOE y PP, prácticamente la totalidad del Congreso de los Diputados, llevan días reunidos ‘de urgencia’ para sacar adelante una ley que paralice los desahucios en caso de situación desesperada del dueño. No se trata de que no haya que pagar las hipotecas pedidas en la época de vacas gordas, sino de buscar soluciones humanitarias para personas que no tienen más salida que seguir en su casa. Ya ha quedado claro que con el actual código voluntario de buenas prácticas para la banca no arreglamos nada.

Bien a través de un Real Decreto Ley (sin pasar por el Congreso, simplemente el Gobienro lo aprueba en Consejo de Ministros y se publica directamente en BOE) o un Proyecto de Ley con el trámite de urgencia (sí pasa por el Parlamento pero solo para darle retoques en comisiones, no se debate en pleno ni se vota por todas las fuerzas políticas), la idea es que en las próximas semans, mejor si es en los próximos días, entre en vigor una ley que paralice los deshaucios hasta que, caso por caso, haya una sentencia firme acorde con la nueva normativa. Esta nueva normativa supondría paralizar sine die las ejecuciones inmobiliarias (el deshacio de toda la vida) en el caso siempre de primeras viviendas, cuando los propietarios estuvieran en paro y tuvieran hijos. Es lo que se llaman deshaucios de extrema necesidad, y la idea inicial es que se paralicen desde ya y hasta dentro de dos años, una especie de moratoria para poder remodelar toda ley que toque este asunto.

Para ello, en España nos fijaríamos, copiaríamos casi, la legislación sueca o francesa, que tratan estas cuestiones como una quiebra empresarial. Cuando una compañía se declara en bancarrota, se abre lo que toda la vida se ha llamado proceso concursal o concurso de acreedores, en el que los distintos acreedores van reclamando sus cantidades y se va pagando acorde a las posibilidades. En este caso sería la familia la que quebraría, y los bancos sus acreedores. En los casos de entidades financieras saneadas con dinero público, estarían obligadas a aplicar la lógica concursal a la familia, permitiendo el deshaucio solo en caso de que a esa familia le quede una segunda oportunidad, o en caso contrario aplicando la dación en pago total y/o negociando alquileres sociales, de esos en los que la cuota se adecúa en cada momento a la situación el inquilino. Queda por ver qué se puede hacer en el caso de entidades que no hayan sido ayudadas por el Estado…